Violentas agresiones por parte de la fuerza pública dejan dos personas gravemente heridas en los municipios de Cartagena del Chairá y San José de Fragua.

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Violentas agresiones por parte de la fuerza pública dejan dos personas gravemente heridas en los municipios de Cartagena del Chairá y San José de Fragua.

Denunciamos ante la opinión pública los actos violentos en contra de las comunidades por parte de grupos de Policías que bajo la excusa de la erradicación y la fumigación con el veneno glifosato; atropellan, intimidan, reprimen, golpean y amenazan. Solicitamos a las autoridades competentes de manera urgente, acciones para dar con los responsables de estos vergonzosos actos que debilitan la confianza y quebranta el goce efectivo de derechos.
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HECHOS
Durante el mes de agosto de 2021 se vienen presentando operativos de fumigación con el veneno Glifosato en el marco de procesos de erradicación forzosa y violenta en los municipios de Cartagena del Chaira, Montañita, Solano, Paujil, Milán y San José del Fragua por tropas de la Policía nacional trasportadas en helicópteros.
Las comunidades han venido realizando cercos humanitarios buscando frenar estas acciones que atentan en contra de su sustento, puesto que el retraso e incumplimiento del Acuerdo de Sustitución ha impulsado la agudización de la problemática de los cultivos de uso ilícito al recibir por parte del gobierno nacional evasivas y dilataciones en todo el proceso que no responde a la integralidad
El día 26 de agosto en horas de la mañana en la Vereda Comuneros del municipio de Cartagena del Chaira, LEIDY RODRÍGUEZ AISAMA es herida por un gas lacrimógeno que dispara un integrante de la policía antinarcóticos e impacta en su cabeza, generándole graves fracturas que deben seguir siendo tratadas por el riesgo que representan para su vida misma.
En el Municipio de San José en la inspección y núcleo veredal de Yurayaco, fue herido de gravedad el joven CARLOS POSCUE MUÑOZ quien fue agredido por integrantes de la policía nacional antinarcóticos en el desarrollo de acciones de fumigación.
Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Personería municipal de Cartagena del Chaira, y la Defensoría del Pueblo
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RESPONSABILIZAMOS
Al Estado Colombiano en cabeza del señor IVAN DUQUE MARQUEZ, al Ministro del Interior DANIEL PALACIOS MARTINEZ, al Ministro de Defensa DIEGO MOLANO, a la Gobernación del Departamento del Caquetá en Cabeza de ARNULFO GASCA TRUJILLO, al Alcalde de La Montañita PABLO EMILIO ZAPATA NICHOLLES, al Coronel ÓSCAR ANDRÉS LAMPREA
PINZÓN Comandante Departamento de Policía Caquetá; de las consecuencias que pueden originarse de no ser suspendidas cuanto antes estas acciones que debilitan la confianza de las comunidades hacia el programa de sustitución y que atentan contra la vida e integridad de las comunidades.
EXIGIMOS
Atención Urgente para LEIDY RODRÍGUEZ AISAMA y su familia, así como para CARLOS POSCUE MUÑOZ, victimas del terror de Estado; y quienes deben ser reparadas como garantía para lograr garantizar los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar de las cultivadoras y cultivadores, recolectores y recolectoras de coca que se están viendo afectados por la acción arbitraria de las operaciones Militares y Policiales del Estado Colombiano.
Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por los hechos consagrados en esta Denuncia Pública.
El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos.
SOLICITAMOS
A la Defensoría del Pueblo, oficina para los Derechos Humanos y la segunda misión de verificación de la ONU, a MAPP-OEA, a los organismos de derechos humanos y organizaciones que en el marco del cumplimiento de su mandato; presten toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las normas nacionales e internacionales a las que se ha comprometido. Así como acompañar y realizar seguimiento a hechos como estos que ponen en riesgo la vida e integridad de quienes en este momento ejercen el derecho legítimo a protestar y a ser escuchados en el marco del estado social de derecho.
CONVOCAMOS
A las organizaciones sociales, campesinas y comunales del territorio a exigir respeto y cumplimiento a lo acordado, a pronunciarse en contra de estas acciones de manera organizada y pacífica, a defender el goce efectivo de derechos, a estar atentos, fortalecer la comunicación interna y construir estrategias de protección colectiva.
Por el cumplimiento de lo acordado en el Acuerdo de Paz y el Programa Nacional Integral de Sustitución: ¡Unidad, Organización y Lucha!

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